La inclusión laboral de personas discapacitadas se instala en la agenda mundial

El último Informe Mundial de la Discapacidad del Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que en el mundo viven más de mil millones de personas con algún grado o tipo de discapacidad física, intelectual, sensorial u orgánica. Los mayores de 18 años en esta condición alcanzan a cerca del 15% de la población mundial.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), ratificada por 190 países, establece un compromiso explícito respecto de la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Este instrumento plantea un cambio de paradigma para entender la discapacidad: propone pasar de un enfoque biomédico centrado en las limitaciones individuales y orientado al asistencialismo, a uno basado en los derechos humanos en que se reconocen las barreras en el entorno que impiden la participación plena y efectiva de personas con discapacidad en la sociedad.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (DS) y sus 17 Objetivos de DS también instan a los estados Miembros de ONU a tomar acciones dirigidas para promover la inclusión de las personas con discapacidad. "Es una agenda que hace un llamado a no dejar a nadie atrás en la senda del desarrollo, y por lo tanto es necesario implementar medidas para que las personas con discapacidad puedan contribuir y participar plenamente en nuestras sociedades", señala Heidi Ullmann, Oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la Cepal.

¿Cuotas o incentivos?

Para promover oportunidades de empleo de las personas con discapacidad, varios países europeos, americanos y, recientemente, algunos asiáticos, han introducido sistemas de cuotas que obliga a los empleadores a reservar un porcentaje de puestos de trabajo en sus empresas para trabajadores con discapacidad. Si no lo cumplen, se exponen a sanciones o tienen que contribuir pagando una cantidad de dinero a un fondo que se destinará a financiar acciones de rehabilitación profesional y promoción de empleo.

No obstante, otros países como Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia, consideran el sistema de cuotas contrario a sus orientaciones doctrinales y a sus tradiciones políticas, y prefieren adoptar medidas que persuadan a los empleadores para que ofrezcan oportunidades de empleo a las personas con discapacidad y a facilitar su capacitación.

En Suecia, el Estado, el proveedor estatal de bienes y servicios, Samhall, les ofrece puestos laborales. Asimismo, los privados reciben subvenciones para incentivar su contratación. En España, la legislación establece que el 7% de los cargos públicos deben ser ocupados con personas con capacidades diferentes. En Alemania, ocupan un 4% de los puestos públicos; las agencias de empleo y las entidades responsables de la ayuda básica para los desempleados ofrecen costear hasta el 70% del salario de las personas en situación de discapacidad por 24 meses o por 36 en el caso de los especialmente afectados. En Estados Unidos, los empleadores con 15 o más trabajadores deben proporcionar igualdad de oportunidades a los discapacitados: además, la ley prohíbe la discriminación en la colocación, contratación, ascensos, capacitación, remuneración, actividades sociales y demás privilegios laborales.

La realidad chilena

En Chile, el II Estudio Nacional de la Discapacidad, arroja que el 20% de la población mayor de 18 años presenta algún grado de discapacidad; es decir, 2.606.944 personas. De ellas, sólo el 59% está ocupado laboralmente.

El director del Servicio Nacional de Discapacidad, Daniel Concha, explica que la Ley de Inclusión Laboral que la presidenta Bachelet ya promulgó, está en proceso de elaboración de reglamentos. Entrará en vigencia luego de la toma de razón de la Contraloría y establece que las empresas que tienen 200 o más trabajadores deben contratar un 1% de personas con discapacidad durante el primer año; al siguiente, deberán hacerlo las compañías con 100 o más.

Alejandro Hernández, presidente de la Fundación Nacional de Discapacitados asegura que, a nivel empresarial, esta ley es "un tremendo desafío". Por eso, la organización que dirige ha desarrollado un programa de capacitación laboral, en el que se trabaja con las gerencias, los equipos de recursos humanos y los trabajadores en general para acompañarlos en el proceso de integración al trabajo de las personas con discapacidad.